El festival Blackworks ¿Tráfico de influencias?El exjefe de gabinete de Servicios Sociales admite que ayudó a “conocidos de conocidos”, mientras siguen sin conocerse los documentos que remitió al Ayuntamiento en nombre de la Generalitat
El caso Blackworks sigue dejando más preguntas que respuestas. El festival previsto junto a La Nau y el Horno Alto n.º 2 fue cancelado después de vender más de 8.000 entradas, iniciar el montaje y acabar paralizado por la Policía Local por falta de permisos. Ahora la novedad es política: el exjefe de gabinete de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, José Francisco Pérez, ha admitido que actuó para ayudar a “conocidos de conocidos”.
La frase no cierra el caso. Lo abre más.
Pérez declaró a la SER que no tenía relación con los promotores y que asumía el error. Pero su intervención no fue una llamada informal sin consecuencias: remitió documentación al Ayuntamiento de Sagunto para facilitar la celebración del festival, el mismo día en que el montaje fue paralizado al no constar la autorización autonómica ni la licencia municipal necesaria.
La Generalitat sostiene que no promovió ni participó en la organización del evento. También afirma que la ocupación del espacio fue denegada el 4 de mayo por Patrimonio Cultural y que el uso del logotipo de Servicios Sociales en el cartel no estaba autorizado.
Ahí está la contradicción: un departamento autonómico niega cualquier relación con el festival, pero su jefe de gabinete intervino ante el Ayuntamiento en nombre de la Generalitat para mover documentación sobre ese mismo evento.
La pregunta sobre un posible tráfico de influencias no debe lanzarse como acusación, pero sí como línea de investigación. El Código Penal castiga al funcionario o autoridad que influya en otro funcionario prevaliéndose de su cargo o de una relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que pueda generar un beneficio económico propio o para un tercero. También castiga al particular que influya en un funcionario prevaliéndose de una relación personal para lograr una resolución con beneficio económico.
Con los datos públicos actuales no puede afirmarse que ese delito exista. Faltan piezas esenciales: qué documentación remitió exactamente Pérez, a quién pretendía convencer, si buscaba una resolución administrativa concreta, si hubo prevalimiento de su cargo, qué beneficio económico podía derivarse, quiénes eran esos “conocidos de conocidos” y qué relación mantenían con la promotora.
Pero tampoco puede cerrarse el asunto como un simple error administrativo. La secuencia es demasiado seria: permiso de ocupación denegado en mayo, montaje iniciado en julio, cartel con una conselleria como promotora, intervención de un jefe de gabinete, paralización policial, cancelación y dimisión.
El festival se canceló oficialmente alegando razones meteorológicas. Sin embargo, esa explicación convive con un expediente de permisos que sigue sin estar plenamente explicado. La organización ya no solo debe aclarar la devolución de entradas. La Generalitat debe aclarar por qué uno de sus altos cargos actuó en un asunto que el propio Consell niega haber promovido.
El punto clave no es si Pérez “quería ayudar”. El punto clave es qué poder utilizó, ante quién, con qué documentos y para beneficiar a quién.
Por ahora, el caso Blackworks deja una conclusión prudente pero incómoda: no hay base pública suficiente para afirmar tráfico de influencias, pero sí hay indicios políticos y administrativos suficientes para exigir que se enseñe el expediente completo.
