La gigafactoría llega, pero el empleo puede escaparse de El PuertoPowerCo prepara el inicio de producción pero el retraso del Campus Battery amenaza con que la primera oleada de puestos cualificados no sean para empleados locales

La gigafactoría de baterías de PowerCo, filial del grupo Volkswagen, sigue levantándose en Parc Sagunt II con cifras de vértigo: una inversión privada en torno a los 3.000 millones de euros, una capacidad prevista de 40 GWh, ampliable a 60 GWh si la demanda lo justifica, y miles de empleos vinculados al nuevo ciclo industrial del vehículo eléctrico. Pero detrás de los grandes anuncios empieza a abrirse una pregunta incómoda para El Puerto y el Camp de Morvedre: ¿llegará la formación local a tiempo o la fábrica empezará a contratar antes de que el territorio haya preparado a sus jóvenes?

La cuestión no es menor. Las últimas previsiones publicadas sobre la planta mantienen el inicio de fabricación para septiembre de 2026, con un primer bloque de producción de 10 GWh anuales y capacidad para fabricar celdas suficientes para entre 450 y 550 vehículos eléctricos diarios. La fase inicial debería alcanzar un ritmo estable durante 2027 y llegar a unos 1.600 empleos en la primera fase, con un horizonte superior a 3.000 trabajadores cuando el complejo alcance su plena capacidad.

La fábrica, por tanto, no parece hoy una promesa electoral ni un cartel clavado en mitad de un descampado. Hay obra, edificios, estructuras, inversión, ayudas públicas, contratación y un calendario industrial declarado. PowerCo ha comunicado que la obra supera el 50 % de ejecución, que hay alrededor de 1.400 personas trabajando en la construcción y que durante 2026 prevé incorporar unos 500 empleados ligados al arranque de la producción.

El problema es otro: la fábrica puede llegar antes que la formación.

El Campus Battery fue presentado como la gran herramienta pública para preparar a la comarca ante la llegada de PowerCo. No era un complemento menor: era la promesa de que El Puerto y el Camp de Morvedre no serían solo suelo barato, carreteras, agua, energía y permisos, sino también cantera de empleo cualificado. El proyecto se anunció con una inversión prevista de 41 millones de euros, un centro de unos 16.000 metros cuadrados, capacidad para alrededor de 200 alumnos, al menos 70 graduados al año y un compromiso de PowerCo de contratar cada año a 20 alumnos de FP y ofrecer prácticas a otros 20 estudiantes.

Si finalmente el campus no empieza a funcionar hasta el curso 2027/2028, como apunta la información que ahora se maneja, el desfase es evidente: la fábrica arrancaría en 2026 y la formación específica llegaría un curso después. Es decir, el empleo puede empezar a moverse antes de que la comarca tenga listo el instrumento público que debía preparar a su alumnado.

La contradicción es brutal. Se anuncian miles de millones, se movilizan fondos públicos, se urbaniza suelo industrial, se proyectan infraestructuras eléctricas, ferroviarias, hidráulicas y formativas, pero el centro que debía garantizar que los jóvenes del territorio pudieran subirse al tren desde el primer momento se retrasa justo cuando más falta hace.

No se trata de negar la importancia de PowerCo. Al contrario. Precisamente porque estamos ante una inversión histórica, el seguimiento debe ser más exigente. La Generalitat ha situado en más de 600 millones de euros la inversión pública autonómica y de su entorno instrumental vinculada al ecosistema de la gigafactoría, incluyendo actuaciones como Parc Sagunt, estación intermodal, Campus Battery, depuradora, subestación y otras infraestructuras asociadas. A eso se suma la ayuda estatal directa a PowerCo, que el Gobierno elevó de 98 a 152 millones de euros dentro del marco de ayudas al vehículo eléctrico.

Con ese volumen de dinero público sobre la mesa, la pregunta ya no puede ser solo cuándo empezará la fábrica. La pregunta es más amplia: ¿qué retorno real tendrá para El Puerto y la comarca, cuántos empleos serán accesibles para gente formada aquí y qué parte de la inversión pública se ejecutará a tiempo?.

¿Puede caerse la fábrica?

Con los datos disponibles, no hay base para afirmar que la gigafactoría no vaya a venir. Sería irresponsable titular que PowerCo se retira de Parc Sagunt sin una comunicación empresarial o institucional que lo sostenga. Pero también sería ingenuo escribir como si el contexto internacional no existiera.

Volkswagen atraviesa una fase de fuerte ajuste global. El grupo ha planteado una reestructuración profunda, reducción de capacidad, presión sobre costes, revisión de inversiones y dudas sobre futuras asignaciones industriales. Las informaciones recientes señalan que España no tiene un impacto inmediato en sus operaciones, pero sí queda expuesta a la incertidumbre sobre nuevas plataformas, demanda eléctrica y fases futuras del grupo.

En paralelo, la industria europea de baterías vive un momento delicado. La crisis de proyectos como Northvolt ha demostrado que las gigafactorías europeas no son invulnerables: hay fábricas retrasadas, proyectos reordenados, tensiones de financiación y una competencia asiática que aprieta precios, tecnología y suministro.

Por eso, el riesgo real para El Puerto no es hoy una cancelación total de la planta, sino algo más silencioso y posiblemente más difícil de explicar: que el proyecto llegue por fases, más lento, con menos empleo inicial del esperado, con ampliaciones condicionadas a la demanda y con una formación pública que no llegue a tiempo para la primera oleada de contrataciones.

Una fábrica enorme, una comarca sin margen para improvisar

La planta de PowerCo nace vinculada al futuro eléctrico de Volkswagen en España. Las celdas producidas en Parc Sagunt deberán alimentar vehículos eléctricos fabricados en plantas como Martorell y Landaben. La previsión publicada es que las primeras baterías salgan de la planta en septiembre de 2026 y que el primer bloque esté dedicado a celdas LFP, una tecnología más barata y orientada a vehículos eléctricos pequeños y urbanos.

Ese detalle importa. No hablamos de una industria abstracta. Hablamos de un cambio de ciclo industrial que puede modificar el empleo, la vivienda, el transporte, la formación profesional, los servicios públicos, el consumo de agua, las infraestructuras ferroviarias y el equilibrio territorial de toda la comarca.

Y ahí está la alarma: El Puerto ya sabe lo que significa depender de grandes decisiones industriales tomadas lejos del territorio. Ya lo vivió con Altos Hornos. Por eso no basta con celebrar que llega una inversión. Hay que vigilar qué se firma, qué se ejecuta, qué se retrasa y qué se queda en promesa.

El Campus Battery llega tarde a su propia cita

El Campus Battery debía ser el puente entre la inversión industrial y el empleo local. Si el calendario inicial apuntaba a 2026 y ahora se desplaza al curso 2027/2028, el retraso no es una simple anécdota administrativa. Es una señal preocupante.

Porque la formación no puede llegar detrás de la fábrica. La formación debería llegar antes. Debería preparar promociones, orientar institutos, conectar FP con empresa, activar prácticas, atraer profesorado especializado y garantizar que los jóvenes de El Puerto, del Camp de Morvedre y de las comarcas cercanas no compitan en desventaja con personal ya formado fuera.

Si PowerCo empieza a producir en 2026 y el Campus Battery no arranca hasta 2027/2028, la primera fase de contratación puede cubrirse mediante formación interna, selección externa, trabajadores ya especializados o programas provisionales. Eso puede resolver el problema de la empresa, pero no necesariamente el del territorio.

La fábrica puede funcionar. La pregunta es si El Puerto estará preparado para beneficiarse de ella desde el primer día.

Mucho dinero público, demasiadas preguntas abiertas

El proyecto acumula inversión privada, ayudas estatales, inversión autonómica y obras públicas asociadas. Eso obliga a exigir transparencia. No basta con anunciar millones. Hay que saber cuánto se ha ejecutado, cuánto está comprometido, qué queda pendiente y qué calendario real tiene cada pieza.

En el caso de la gigafactoría, los datos públicos apuntan a una inversión privada de unos 3.000 millones de euros. En el caso del Campus Battery, la cifra anunciada fue de 41 millones. En el caso de la ayuda estatal directa a PowerCo, el importe se elevó hasta 152 millones. Y en el conjunto del ecosistema autonómico vinculado a la planta se han citado más de 600 millones en actuaciones públicas y de empresas instrumentales.

Con esas cifras, lo mínimo exigible es un seguimiento público preciso: estado de obras, licitaciones, plazos, contratación, formación, compromisos de empleo local, infraestructuras y riesgos de retraso.

Qué hay que exigir ahora

La Generalitat, el Gobierno central, el Ayuntamiento y PowerCo deberían aclarar de forma transparente varias cuestiones básicas.

Primero, si se mantiene oficialmente el inicio de producción en septiembre de 2026 y qué parte exacta de la planta estará operativa en esa fecha. Segundo, cuántos empleos se cubrirán en la primera fase y qué perfiles formativos se exigirán. Tercero, qué formación específica se ofrecerá en el curso 2026/2027 si el Campus Battery no abre hasta 2027/2028. Cuarto, qué parte de los 41 millones del campus está ya comprometida, licitada o ejecutada. Quinto, qué garantías tiene la comarca de que el empleo cualificado no llegará cubierto desde fuera antes de que sus jóvenes puedan formarse aquí.

Y, sobre todo, hay que saber si la ampliación futura a 40 GWh y eventualmente a 60 GWh sigue intacta o queda condicionada por la demanda, la estrategia global de Volkswagen y la evolución del mercado europeo del vehículo eléctrico.

El problema no es que la fábrica no venga: es que venga sin que El Puerto esté preparado

El titular fácil sería decir que la gigafactoría peligra. Hoy no hay datos suficientes para sostener eso. La obra avanza, PowerCo mantiene calendario y la inversión sigue en marcha.

Pero hay otro titular igual de preocupante y mucho más ajustado a la realidad: la fábrica puede llegar antes que la formación, antes que los servicios públicos y antes que una planificación territorial seria.

Eso es lo que El Puerto no puede permitirse. Porque una inversión de esta magnitud no se mide solo en millones anunciados ni en fotografías institucionales. Se mide en empleo real, en jóvenes formados, en vivienda asequible, en transporte público, en sanidad, en agua, en movilidad, en fiscalidad y en retorno social.

Si la comarca solo pone suelo, paciencia y expectativas, pero la formación llega tarde, el empleo cualificado se decide fuera y las inversiones públicas se retrasan, la gigafactoría será una oportunidad enorme, sí, pero también una oportunidad mal repartida.