El malecón de Menera: propiedad privada, seguridad jurídica y un conflicto enquistadoEl debate sobre el futuro de estos terrenos vuelve a enfrentar el interés público con los derechos de sus legítimos propietarios
El debate en torno al malecón de Menera en Puerto de Sagunto no es solo un conflicto urbanístico, sino un reflejo de la tensión entre el interés público y el respeto escrupuloso a la seguridad jurídica y la propiedad privada. A lo largo de los años, el debate político y mediático ha desviado la atención del principio fundamental que sustenta todo Estado de derecho: las garantías legales de los legítimos propietarios de los terrenos.
Diversas decisiones judiciales han reconocido la titularidad privada de estos suelos, respaldando los derechos legítimos adquiridos sobre esta zona estratégica. Pese a ello, las presiones políticas y de algunos colectivos sociales para restringir la edificabilidad y convertir la zona en suelo de uso exclusivamente público han ignorado que el derecho a edificar forma parte del aprovechamiento urbanístico reconocido por las leyes. Despojar o limitar estos derechos sin el debido consenso y compensación legal sienta un peligroso precedente para la certidumbre de las inversiones privadas, más aún en el momento en el que nos encontramos actualmente y ante el crecimiento que está experimentando el municipio con la llegada de la gigafactoría.
Permitir el desarrollo urbanístico ordenado en el malecón de Menera no implica renunciar al cuidado del entorno ni a la creación de espacios compartidos, tal y como los propios dueños del terreno han propuesto en varias ocasiones al actual gobierno de Darío Moreno, quien, cual encantador de serpientes, ha prometido en varias ocasiones concesiones a los propietarios del terreno que nunca han llegado a cumplirse. La iniciativa privada puede y debe ser una aliada clave para modernizar la fachada marítima, dinamizar la economía local y revitalizar el tejido urbano de Puerto de Sagunto mediante proyectos sostenibles y compatibles con el interés general.
Garantizar la protección de la propiedad privada y el derecho a edificar de sus legítimos dueños no solo representa el cumplimiento estricto de la ley, sino la única vía justa para evitar interminables contenciosos judiciales, indemnizaciones millonarias —que más pronto que tarde llegarán a cargo del contribuyente— y el parón económico de una zona con enorme potencial de desarrollo… Pronto hay nuevas elecciones municipales y un más que posible cambio de gobierno podría desatascar esta situación, que lleva tiempo encallada en la mentira de prometer un malecón «público y verde», cuando en realidad no deja de ser un descampado que cabalga entre vertedero y taller improvisado para cambios de aceite de los camioneros.
