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¡Escandaloso! El Ayuntamiento alimenta la crisis de vivienda en El PuertoCero viviendas municipales nuevas entregadas, cientos de alojamientos turísticos activos y un planeamiento que eleva de 312 a 570 los pisos posibles junto a la playa
Investigación. Datos comprobados hasta el 6 de septiembre de 2026.
Para quien no tenga tiempo —o ganas— de leerlo todo
Sabemos que los artículos largos exigen tiempo, paciencia y ganas de llegar hasta el final. Por eso hemos condensado esta investigación en una sucesión de titulares: los datos esenciales, sin rodeos y de un vistazo. Quien quiera quedarse con el resumen, aquí lo tiene; quien quiera comprobar de dónde sale cada cifra, cómo se ha obtenido y qué documentación la respalda, puede leer el artículo completo. Porque resumir la información no significa simplificar la verdad.
Nota metodológica: Para diferenciar El Puerto y Sagunto en el registro autonómico de viviendas turísticas se han utilizado como referencia los códigos postales 46520 y 46500, respectivamente; se trata de una aproximación territorial, ya que el código postal no constituye una delimitación administrativa exacta.
El resumen
El Ayuntamiento no acredita haber entregado una sola vivienda municipal nueva en cuatro años
El municipio tiene 625 viviendas turísticas activas: 530 en Puerto y 94 en Sagunto
Casi el 85 % de las viviendas turísticas activas del municipio se concentra en El Puerto
De 365 altas turísticas recientes todavía activas, 309 están en El Puerto y 56 en Sagunto
De 53 plantas bajas turísticas dadas de alta en cuatro años, 43 están en El Puerto y 10 en Sagunto
Los nueve bajos turísticos de menos de 60 metros cuadrados localizados en el registro están en El Puerto
Una misma dirección de El Puerto reúne tres bajos turísticos de 41, 43 y 43 metros cuadrados
Tres promociones anuncian 17 viviendas en bajos de aproximadamente 33 a 43 metros cuadrados en El Puerto
Algunas de esas pequeñas viviendas en bajos se comercializan como «lofts» y oportunidades de inversión y rentabilidad
El Ayuntamiento anunció 283 viviendas de alquiler asequible en 2023 y aquella previsión desapareció
En 2024 anunció 200 viviendas de alquiler social durante 50 años, hoy sólo quedan 11 alquileres públicos previstos
De 214 viviendas proyectadas sobre los dos suelos municipales cedidos, 203 serán para venta protegida y sólo 11 para alquiler público
Las 157 viviendas protegidas de Metrovacesa son promoción privada y no viviendas construidas por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento aumentó de 312 a 570 las viviendas posibles junto a la playa sin aumentar la edificabilidad total
La modificación de 2024 permite 258 viviendas más junto a CiudadMar, un incremento del 82,7 %
Junto a CiudadMar el suelo privado gana 1.061 metros cuadrados y el suelo dotacional público pierde exactamente 1.061
El Ayuntamiento reconoció el problema turístico en 2024, pero sólo acordó «estudiar» una posible paralización
La regulación municipal específica de las viviendas turísticas no llegó hasta octubre de 2025
El propio Ayuntamiento publicó una cuenta imposible: 303 más 223 viviendas turísticas le daban 506 en lugar de 526
Seguimos sin saber cuántos locales, garajes y almacenes se han transformado realmente en viviendas
El Ayuntamiento no publica una relación auditable de los expedientes de cambio de uso tramitados
La oposición lleva años denunciando el problema, pero tampoco ha conseguido poner todos los expedientes sobre la mesa
La oposición puede exigir la relación anonimizada de cambios de uso pero no nos consta que lo haya hecho
El problema no es Sagunto contra El Puerto: la responsabilidad política corresponde al Ayuntamiento de Sagunto
Cuatro años después, el balance es: cero vivienda municipal nueva y casi el 85 % de las viviendas turísticas concentradas en El Puerto
La investigación
El problema no es Sagunto contra El Puerto. Los vecinos de Sagunto no son responsables de que El Puerto concentre la presión turística ni de que la costa soporte las decisiones urbanísticas más agresivas. El responsable político es el Ayuntamiento de Sagunto: el gobierno que administra todo el municipio, concede o controla los títulos urbanísticos, emite los informes de compatibilidad para el alojamiento turístico, modifica el planeamiento y tiene la obligación de explicar qué vivienda está promoviendo y para quién.
Su balance de los últimos cuatro años es demoledor. En la documentación pública consultada no aparece una sola vivienda nueva construida, terminada y entregada directamente por el Ayuntamiento para incorporarla a un parque municipal de alquiler. Cero viviendas municipales nuevas entregadas entre el 6 de septiembre de 2022 y el 6 de septiembre de 2026. Si existe alguna, el gobierno local lo tiene muy fácil: que publique la dirección, la titularidad municipal, la fecha de final de obra y la fecha de adjudicación.
Lo que sí aparece es otra cosa: centenares de viviendas turísticas activas, promociones privadas de diminutos bajos vendidos como “lofts”, anuncios públicos de vivienda asequible que cambian de cifra, solar o régimen por el camino, y una modificación urbanística aprobada en 2024 que permite pasar de 312 a 570 viviendas junto a la playa sin aumentar la edificabilidad total. El Ayuntamiento no ha resuelto la crisis de vivienda. Ha administrado —y en algunos puntos ha acelerado— un modelo que convierte El Puerto en producto.
El balance que el Ayuntamiento no presenta junto
| Indicador | Resultado comprobado | Qué significa realmente |
|---|---|---|
| Viviendas nuevas construidas y entregadas directamente por el Ayuntamiento en cuatro años | 0 localizadas | No deben confundirse con viviendas privadas protegidas ni con proyectos autonómicos futuros |
| Inscripciones activas en el registro autonómico de viviendas turísticas de todo el municipio | 625 | Es una fotografía del registro a 6 de septiembre de 2026, no el total histórico de altas |
| Inscripciones activas situadas en el código postal 46520, usado como aproximación a El Puerto | 530 | El 84,8 % del total municipal activo |
| Inscripciones hoy activas cuya fecha de alta cae dentro de los últimos cuatro años | 365 | No equivalen a 365 licencias de obra ni a 365 viviendas recién construidas |
| De esas altas recientes, las situadas en el código postal 46520 | 309 | El 84,7 % de esa cohorte reciente |
| Altas recientes activas que el registro sitúa en planta baja | 53 | 43 están en el código postal 46520 |
| Viviendas previstas hoy sobre dos suelos municipales cedidos a la Generalitat | 214 | 203 figuran para venta protegida y sólo 11 para alquiler público |
| Capacidad residencial del ámbito junto a CiudadMar tras la modificación de 2024 | 570 | El plan anterior contemplaba 312: son 258 más, un incremento del 82,7 % |
Estas cifras no se pueden sumar entre sí: unas describen existencias actuales, otras proyectos y otras capacidad urbanística. Precisamente por eso deben publicarse separadas y con método. Mezclarlas sirve para hacer propaganda; distinguirlas permite saber qué ha hecho cada Administración.
¿Cuántas viviendas ordinarias nuevas se autorizaron en total? ¿Cuántas se destinan a residencia habitual o alquiler estable? ¿Cuántos garajes, locales o almacenes se convirtieron en una o varias viviendas? Con lo publicado por el Ayuntamiento no es posible dar una cifra completa y auditable. Sus acuerdos y extractos no forman una base de datos de expedientes con dirección, uso anterior, superficie, resultado y número de viviendas creadas. Inventar ese total sería hacerle un favor al gobierno local: podría tumbar toda la denuncia discutiendo una cifra falsa. La opacidad, no la ausencia de casos, es lo que impide cerrar esa cuenta.
Qué es una vivienda de uso turístico —y qué no lo es—
Una vivienda de uso turístico, abreviada en adelante como VUT, no es cualquier piso alquilado ni una habitación dentro de una casa. Según la información oficial de la Generalitat Valenciana, es una vivienda completa que se cede por precio, con disponibilidad inmediata y finalidad turística, durante periodos continuados iguales o inferiores a diez días a una misma persona. No puede registrarse por habitaciones.
Para inscribirla, el titular debe contar, entre otros requisitos, con un informe municipal favorable de compatibilidad urbanística —o documento equivalente— y declarar que dispone del título de ocupación exigible. La inscripción turística corresponde a la Generalitat; el control del uso urbanístico y de las obras corresponde al Ayuntamiento. Por tanto, una inscripción autonómica no demuestra por sí sola que antes hubiera un garaje, ni sustituye al expediente municipal de cambio de uso.
La descarga del registro abierto de viviendas turísticas de la Generalitat, realizada el 6 de septiembre de 2026, arroja 625 inscripciones activas en el municipio de Sagunto. De ellas, 530 llevan el código postal 46520 y 94 el 46500; existe además un registro con el 46530. El código postal no es una delimitación administrativa perfecta, pero sí permite una aproximación transparente: casi el 85 % del parque turístico registrado se concentra en el código de El Puerto.
Si se limita el análisis a las inscripciones que siguen activas y cuya fecha de alta está comprendida entre el 6 de septiembre de 2022 y el 6 de septiembre de 2026, aparecen 365: 309 en el 46520 y 56 en el 46500. Esto no permite afirmar que el Ayuntamiento concediera 365 licencias. Algunas viviendas podían existir antes, una inscripción puede causar baja y desaparecer de la fotografía vigente, y la fecha turística no es la fecha de la obra. Sí permite afirmar algo que el discurso municipal suele esconder: la concentración territorial de la actividad en El Puerto es abrumadora.
Plantas bajas minúsculas: indicios serios, pero no una licencia para inventar
Dentro de esa cohorte reciente todavía activa, el registro identifica 53 alojamientos en planta baja: 43 en el 46520 y 10 en el 46500. Nueve declaran menos de 60 metros cuadrados y los nueve están en El Puerto:
| Dirección que figura en el registro | Superficie declarada | Fecha de alta turística |
|---|---|---|
| Avenida del Mediterráneo, 22 | 53 m² | 25-02-2025 |
| Avenida del Mediterráneo, 28 | 53 m² | 22-05-2023 |
| Concepción Arenal, 115 | 58 m² | 30-05-2023 |
| Isla de Córcega, 53, bajo A | 41 m² | 06-05-2025 |
| Isla de Córcega, 53, bajo B | 43 m² | 06-05-2025 |
| Isla de Córcega, 53, bajo C | 43 m² | 06-05-2025 |
| La Paz, 31 | 59 m² | 03-09-2026 |
| Trovador, 70 | 58 m² | 29-12-2023 |
| Urani, 14 | 40 m² | 02-04-2025 |
La coincidencia más llamativa está en Isla de Córcega, 53. El registro autonómico muestra allí tres bajos turísticos de 41, 43 y 43 metros cuadrados, inscritos el mismo día de 2025. Un acta municipal de 2014 recogía en esa dirección una comunicación ambiental favorable para una tienda de cocina creativa. Es un indicio poderoso de transformación de uso en el inmueble, pero no prueba que aquellos tres alojamientos ocupen exactamente el mismo local. Para demostrarlo hace falta el expediente de cambio de uso, con plano anterior, plano reformado y referencia catastral. Eso es justamente lo que nadie ha puesto encima de la mesa.
El mercado privado ofrece más pistas. En Vent de Ponent se anuncia un conjunto de siete viviendas nuevas en bajos de un edificio de 2003, con unidades en torno a 35 metros cuadrados útiles. En plaza Vora Riu se comercializa una promoción de cuatro bajos de aproximadamente 35 a 43 metros cuadrados. Y en Illa de Sardenya se ofrecen seis viviendas tipo “loft”, de unos 33 a 39 metros cuadrados, presentadas expresamente como oportunidad de inversión y rentabilidad.
Siete más cuatro más seis: 17 viviendas pequeñas anunciadas en tres promociones de planta baja. Pero un anuncio inmobiliario no acredita por sí solo ni la licencia, ni el uso anterior, ni el destino turístico posterior. Y “loft” es una etiqueta comercial, no una categoría jurídica que permita saltarse las normas de vivienda.
No basta con una supuesta “cédula de habitabilidad”
Un garaje, almacén o local comercial no se convierte legalmente en vivienda porque alguien le instale una ducha y una cocina, ni porque consiga después un número turístico. La propia documentación municipal para obras incluye expresamente el cambio de uso —por ejemplo, de local comercial a vivienda— entre las actuaciones sujetas a control urbanístico.
La cadena ordinaria exige comprobar que el planeamiento admite vivienda en ese punto; presentar proyecto técnico; obtener el título habilitante de obra y cambio de uso, mediante licencia o, cuando proceda, declaración responsable certificada; ejecutar la reforma; formalizar la primera ocupación; y, sólo si se quiere explotar turísticamente, conseguir además el informe municipal favorable de compatibilidad y efectuar la inscripción autonómica. El trámite municipal específico para vivienda turística confirma esa separación.
En algunos procedimientos interviene una Entidad Colaboradora de la Administración Municipal en la Verificación de las Actuaciones Urbanísticas, abreviada como ECUV: una entidad técnica externa autorizada para comprobar documentación. Su certificado puede permitir la vía de declaración responsable, pero no borra el planeamiento, no legaliza un uso prohibido y no elimina las competencias de inspección del Ayuntamiento.
Tampoco todo piso pequeño es ilegal. Tras la derogación en mayo de 2025 de las reglas valencianas de 2023, el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana explica que volvió a resultar aplicable la normativa de diseño de 2009. Esa norma técnica consolidada contempla, con carácter general, 30 metros cuadrados útiles interiores para una vivienda y 24 para la categoría técnica denominada “vivienda-apartamento”. Esta última no significa apartamento turístico. Además de la superficie, deben cumplirse iluminación, ventilación, altura, accesibilidad, seguridad contra incendios, salubridad y el resto de exigencias aplicables. La pregunta seria no es “¿mide poco?”, sino “¿qué expediente autorizó el uso residencial y con qué informes?”.
Plaza de los Pueblos: mucha alarma, poca contabilidad
La plaza de los Pueblos ya estaba en el centro del debate en 2024. La oposición denunció la aparición de alojamientos turísticos y advirtió de varias decenas más en construcción. El 1 de agosto de aquel año, el Pleno aprobó por unanimidad estudiar una posible paralización del crecimiento de las viviendas turísticas. Estudiar. No paralizar. No auditar. No publicar los expedientes.
La propia nota municipal es una muestra del desorden. Atribuye al Instituto Nacional de Estadística 303 viviendas turísticas en 2022, afirma que en 2023 se obtuvieron 223 licencias y ofrece un total de 506. Pero 303 más 223 son 526, no 506. Y la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística no es un registro de licencias municipales: estima alojamientos ofertados mediante la recogida y depuración de anuncios de plataformas digitales. Mezclar anuncios, altas autonómicas, informes de compatibilidad y licencias produce titulares, no control público.
Iniciativa Porteña merece el reconocimiento de haber encendido la alarma. Pero, dos años después, la ciudadanía sigue sin una relación pública que diga cuántos expedientes hay en la plaza de los Pueblos, qué uso tenía cada bajo, cuántas viviendas resultaron, si se exigió aparcamiento, quién certificó las obras y cuántas acabaron inscritas como turísticas. Una moción para “estudiar” no sustituye esa lista.
El Ayuntamiento terminó aprobando el 2 de octubre de 2025 una regulación municipal específica de las viviendas turísticas. La norma restringe su implantación en determinadas plantas bajas de edificios colectivos, con excepciones según la zona urbanística; las excluye de zonas terciarias y somete los bloques de apartamentos turísticos a gestión unitaria. Llegó después de años de crecimiento y no anula automáticamente los títulos anteriores válidos. Regular tarde es mejor que no regular, pero no convierte la demora en planificación ni despeja qué ocurrió durante el vacío político previo.
Vivienda pública: del anuncio de 283 alquileres a 11
Aquí es indispensable llamar a cada cosa por su nombre.
Una vivienda de protección oficial, abreviada como VPO, o una vivienda de protección pública, abreviada como VPP, está sometida a límites de precio y a requisitos de acceso durante el periodo legal correspondiente. Puede ser promovida y vendida por una empresa privada. Por tanto, vivienda protegida no equivale a vivienda municipal, y vivienda protegida en venta no equivale a alquiler social.
En abril de 2023, el Ayuntamiento anunció que la Generalitat había aceptado la cesión de dos solares municipales para construir aproximadamente 283 viviendas de alquiler asequible: 138 en Metge Enrique Prats, 3, y 145 en avenida del Barraquero, 12. Un año después, en abril de 2024, Ayuntamiento y Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, abreviada como EVHA, firmaron otra cesión anunciada como 200 viviendas de alquiler social durante al menos 50 años: 55 en la calle Pavía, en El Puerto, y 145 en Barraquero, en el núcleo de Sagunto.
Ya había una pregunta pendiente: ¿qué ocurrió con la previsión de 138 viviendas en Metge Enrique Prats que formaba parte del anuncio de 283? Pero la evolución posterior abre otra mucho mayor.
En junio de 2024, la entidad autonómica licitó esas 200 viviendas dentro de un programa de alquiler asequible mediante derecho de superficie, como recoge su nota oficial de licitación. Después, el modelo cambió hacia una permuta de suelo por viviendas futuras. La información autonómica de julio de 2025 ya hablaba de promoción privada, viviendas protegidas para venta y una parte entregada a la Administración.
La fotografía oficial actual del Plan Vive es inequívoca. En Pavía, 7 constan 69 viviendas: 58 protegidas para venta y 11 que recibirá la entidad pública para alquiler. En Barraquero, 12 constan 145 viviendas protegidas para venta. Resultado conjunto: 214 viviendas proyectadas, 203 para venta y 11 para alquiler público.
El cambio de modelo pertenece principalmente a la Generalitat y a su entidad de vivienda. Pero el Ayuntamiento cedió el suelo, presentó el proyecto como 200 alquileres sociales durante medio siglo y utilizó políticamente aquel anuncio. No puede posar para la firma y desaparecer cuando toca explicar por qué la promesa terminó convertida, según las fichas oficiales vigentes, en un 94,9 % de vivienda protegida para venta y un 5,1 % para alquiler público.
También hay promoción privada. En septiembre de 2025, el alcalde y la concejala de Vivienda visitaron las obras de 267 viviendas de Metrovacesa en El Puerto: 157 protegidas y 110 libres. Las 157 protegidas son una aportación relevante, pero no fueron construidas por el Ayuntamiento y la propia información situaba su terminación en 2027, fuera del periodo analizado. Facilitar una licencia privada no es entregar una vivienda municipal.
La conclusión precisa, y bastante más grave que un eslogan, es ésta: el Ayuntamiento sí ha cedido suelo y ha facilitado promociones protegidas, pero no acredita haber entregado una sola vivienda nueva de titularidad municipal en cuatro años; además, la gran promesa de alquiler social sobre dos suelos públicos ha acabado, por ahora, en sólo 11 alquileres públicos previstos frente a 203 ventas protegidas.
2024: de 312 a 570 viviendas junto a la playa
La noticia publicada en su momento de “pisos de 60 metros” se refiere a la modificación del planeamiento aprobada por el Pleno el 3 de octubre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 17 de octubre. Afecta, entre otros, al ámbito identificado como SGES-30, detrás de CiudadMar y próximo al paseo marítimo.
El plan anterior, aprobado en 2006 y consultable en el acta municipal de aquella ordenación, contemplaba en ese ámbito 27.063 metros cuadrados de suelo, 34.274 metros cuadrados de techo edificable, 4.555 metros cuadrados de suelo privado, 22.508 de suelo dotacional público y un máximo orientativo de 312 viviendas, calculado con 110 metros cuadrados de techo por vivienda.
La modificación de 2024 mantiene tanto la superficie total como los 34.274 metros cuadrados edificables, pero cambia el reparto y la densidad:
| SGES-30 junto a CiudadMar | Planeamiento anterior | Modificación de 2024 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Superficie del ámbito | 27.063 m² | 27.063 m² | 0 |
| Techo edificable | 34.274 m² | 34.274 m² | 0 |
| Suelo privado | 4.555 m² | 5.616 m² | +1.061 m² |
| Suelo dotacional público | 22.508 m² | 21.447 m² | −1.061 m² |
| Número máximo de viviendas | 312 | 570 | +258 |
No se aprobaron 570 apartamentos turísticos ni 570 pisos obligatoriamente iguales de 60 metros cuadrados. El uso previsto es residencial, y la ficha fija una capacidad máxima, no una licencia de construcción. Pero la aritmética explica la alarma: 34.274 metros cuadrados de techo divididos entre 570 viviendas dan 60,1 metros cuadrados edificables por vivienda como promedio teórico. No son metros útiles y cada proyecto puede repartir el techo de otra forma, pero el cambio político es indiscutible: en el mismo volumen edificable caben hasta un 82,7 % más de viviendas.
Y es precisamente ahí donde surge la preocupación de los vecinos. Por las propias características del ámbito, situado junto a la playa, y por el tamaño medio que permite esa densificación, existe el temor de que una parte importante de esas futuras viviendas no termine destinada a residencia habitual de familias del municipio, sino a compradores de fuera que busquen una segunda residencia en la costa o al mercado del alquiler, incluido eventualmente el turístico allí donde la normativa lo permita. Eso es hoy una previsión o un temor vecinal, no un hecho consumado; lo que sí es un hecho es que el Ayuntamiento ha modificado el planeamiento para permitir 258 viviendas más en el mismo ámbito y con el mismo techo edificable.
Además, el suelo privado gana exactamente los 1.061 metros cuadrados que pierde el suelo dotacional público. Y la exigencia mínima de aparcamiento queda vinculada a las plazas que quepan en una planta de sótano de superficie semejante a la parcela, pudiendo el promotor hacer más. En un área costera que ya sufre presión estacional, convertir “una plaza por vivienda” en “las que quepan” no es una nota técnica menor.
La ficha publicada de este ámbito no contiene una reserva expresa y cuantificada de vivienda protegida. En el mismo expediente, en cambio, la ordenación Menorca–Córcega sí identifica para vivienda protegida el 30 % del techo residencial. Esa diferencia no permite afirmar que una norma superior nunca pueda imponer obligaciones posteriores, pero revela qué quiso dejar escrito el Ayuntamiento en cada ficha y qué no.
Según el acta del Pleno de 3 de octubre de 2024, la modificación salió adelante con 13 votos del Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Unida–Unides Podem. Votaron en contra los 11 concejales presentes del Partido Popular, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís per Sagunt; hubo una ausencia. Esa oposición merece constar. También merece constar que, a fecha de cierre de este análisis, no hemos localizado prueba oficial de que las 570 viviendas estén construidas, tengan licencia de edificación o sean turísticas. Lo aprobado es la puerta urbanística para hacerlas posibles.
Y ése es el reproche: cuando el Ayuntamiento tuvo capacidad directa para diseñar una gran pieza residencial junto a la playa, elevó la densidad, redujo suelo dotacional y no dejó en la ficha una cuota expresa de vivienda protegida. No construyó vivienda pública; multiplicó el producto inmobiliario posible.
No es El Puerto contra Sagunto: es el Ayuntamiento contra su pueblo
Los dos núcleos pertenecen al mismo municipio, pero no soportan idénticas consecuencias. Tomando como base, por otra parte inexacta, el código postal, El Puerto concentra casi el 85 % de las inscripciones turísticas activas y casi el 85 % de las altas recientes que siguen vigentes. El gran aumento de capacidad residencial analizado está junto a la playa. Las promociones de bajos diminutos aquí documentadas están en El Puerto.
Decirlo no es “atacar” a Sagunto. Al contrario: enfrentar a los vecinos serviría de coartada al único actor que posee los expedientes completos. La crítica se dirige al Ayuntamiento y a su gobierno porque son quienes deben ordenar el territorio común con equilibrio, crear vivienda asequible de verdad y publicar datos que permitan medir la presión barrio por barrio.
La oposición: avisar no basta; hay que fiscalizar
La responsabilidad principal es del gobierno municipal. Pero la oposición tampoco puede quedar absuelta con una colección de notas de prensa. Iniciativa Porteña señaló el problema turístico y la plaza de los Pueblos. Partido Popular, Iniciativa Porteña, Vox y Compromís per Sagunt votaron contra la densificación de 2024. Bien. Ahora falta lo esencial: utilizar sus derechos reforzados como concejales para obtener los expedientes, cruzarlos y hacerlos públicos sin datos personales.
Si ya solicitaron esa relación completa, deben publicarla. Si no la solicitaron, han incurrido en una negligencia política elemental. Dicho hablando mal y pronto, y limitado a esta labor concreta de fiscalización: mientras se conforman con mociones, preguntas genéricas y titulares, se están tocando los huevos a dos manos. No es falta de micrófonos; es falta de trabajo documental.
Éste es el escrito que cualquier grupo de la oposición debería registrar mañana:
Solicitud de información: Relación anonimizada de todos los expedientes tramitados entre el 6 de septiembre de 2022 y el 6 de septiembre de 2026 relativos al cambio de uso de garaje, aparcamiento, local comercial, almacén, oficina u otro uso no residencial a vivienda.
Para cada expediente: número; fechas de solicitud, informe y resolución; dirección; referencia catastral sin datos de titularidad; uso anterior y nuevo; superficie útil y construida; número de viviendas resultantes; clase de título —licencia o declaración responsable—; intervención, en su caso, de una Entidad Colaboradora de la Administración Municipal en la Verificación de las Actuaciones Urbanísticas; resultado; fecha de primera ocupación; plazas de aparcamiento exigidas, aportadas o eximidas; e incidencias de inspección, sanción o restauración de la legalidad.
Deben contarse por separado los expedientes y las viviendas creadas, desglosados entre El Puerto, núcleo histórico de Sagunto, playas del norte y resto del término.
Se solicita además el cruce con todos los informes o certificados de compatibilidad para vivienda turística, indicando altas, denegaciones, desistimientos, bajas y revocaciones, así como una relación específica de los expedientes vinculados a plaza de los Pueblos, Isla de Córcega 53, Vent de Ponent, plaza Vora Riu e Illa de Sardenya.
La anonimización deberá eliminar nombres, documentos de identidad, teléfonos y demás datos personales, pero conservar los datos urbanísticos necesarios para la fiscalización pública.
Copiar y pegar. Se lo ponemos a huevo. Pero es una pena que tengamos que hacer nosotros el trabajo que deberian hacer ellos.
Y deberían añadir dos peticiones más. Primera: el inventario de vivienda municipal, con altas, bajas, estado, ocupación y fecha de adjudicación. Segunda: una explicación documental de la evolución de los anuncios de 283 y 200 alquileres asequibles hasta las actuales 203 viviendas protegidas para venta y 11 para alquiler público.
Un ciudadano también puede utilizar el procedimiento municipal de acceso a la información pública. Pero los concejales poseen instrumentos de fiscalización política y acceso a documentación municipal que no deberían descargar sobre vecinos particulares. Para eso cobran y para eso ocupan un escaño.
La conclusión: no hace falta exagerar; los documentos bastan
No está probado que todos los bajos pequeños fueran garajes. No está probado que toda vivienda turística naciera de un cambio de uso. No está probado que las 570 viviendas posibles junto a CiudadMar vayan a ser turísticas. Y sería falso decir que en el municipio no existe ninguna promoción protegida.
Lo probado es suficientemente grave: no aparece vivienda municipal nueva entregada en cuatro años; el parque turístico activo se concentra de forma aplastante en El Puerto; hay decenas de plantas bajas turísticas y promociones compactas que exigen una auditoría expediente por expediente; el Ayuntamiento reaccionó tarde y con cifras públicamente incoherentes; la promesa de 200 alquileres sociales sobre suelo municipal ha mutado en un proyecto con 203 ventas protegidas y sólo 11 alquileres públicos; y el planeamiento de 2024 permite 258 viviendas más junto a la playa, reduce suelo dotacional y no reserva expresamente vivienda protegida en la ficha del ámbito.
El escándalo no consiste únicamente en lo que sabemos. Consiste en que el Ayuntamiento podría despejar mañana lo que todavía no sabemos publicando una hoja de cálculo anonimizada y trazable. Mientras no lo haga, su política de vivienda seguirá pareciendo lo que muestran sus resultados: cero parque municipal nuevo, mucha foto, suelo público puesto al servicio de promesas menguantes y El Puerto tratado como una superficie de rentabilidad.
Y mientras la oposición no obligue al gobierno a enseñar los expedientes, será oposición de palabra, no de control.
Nota metodológica
El periodo analizado va del 6 de septiembre de 2022 al 6 de septiembre de 2026. Las cifras turísticas proceden de la descarga del registro autonómico vigente en la fecha de cierre: describen inscripciones que seguían activas, no todas las altas brutas ni todas las bajas producidas durante el periodo. El código postal 46520 se utiliza como aproximación territorial a El Puerto y no como una delimitación administrativa perfecta. Los anuncios inmobiliarios se emplean únicamente como indicios comerciales, nunca como prueba de legalidad, uso previo o destino turístico. También se revisaron 230 extractos de la Junta de Gobierno Local y alrededor de 75 actas del Pleno correspondientes al periodo disponible: su contenido no permite reconstruir un registro íntegro de cambios de uso. La afirmación sobre vivienda municipal entregada se limita a lo localizado en la documentación pública consultada y queda abierta a rectificación inmediata si el Ayuntamiento publica una relación verificable.
