La huelga de la SAG entra en fase política y deja al Ayuntamiento sin esconditeLa oposición en bloque responsabiliza al Gobierno municipal de no haber evitado el conflicto, mientras siguen sin aclararse los servicios mínimos, los ecoparques y la seguridad privada denunciada durante la huelga
La huelga de la SAG ha entrado en una nueva fase. El conflicto ya no se limita a la negociación laboral entre empresa y plantilla: la oposición municipal en bloque ha señalado directamente al Gobierno municipal por no haber evitado que la huelga llegara a la calle en plena temporada de fiestas, playas y aumento de residuos.
La novedad no es un acuerdo. Es justo lo contrario: la confrontación política abierta. La oposición reclama una intervención directa del alcalde y responsabiliza al Gobierno municipal de una gestión que no ha logrado cerrar el conflicto antes de que afectara a los servicios básicos. También se ha pedido la dimisión del concejal responsable de la empresa pública.
Conviene separar planos. Las acusaciones políticas son eso: posiciones políticas. No son, por sí mismas, una resolución laboral, administrativa o judicial. Pero tienen relevancia porque colocan el foco donde debe estar: en la responsabilidad de quien dirige una empresa pública municipal y en la capacidad del Ayuntamiento para garantizar un servicio esencial sin deteriorar derechos laborales.
Durante estos días se han difundido denuncias sobre acumulación de residuos, posibles riesgos de salubridad, aparición de ratas en una zona de El Puerto, contratación temporal de vigilantes de seguridad y reuniones del Gobierno municipal con UGT mientras CGT y CCOO permanecían fuera del despacho de Alcaldía.
Esos extremos deben investigarse con documentos. Por ahora, no consta públicamente un expediente completo, un acta, un informe sanitario, un contrato accesible o una resolución que permita cerrar todos esos puntos como hechos acreditados. Pero tampoco pueden despacharse como ruido político. Afectan a limpieza urbana, salud pública, derechos laborales y gestión de dinero municipal.
EL PUERTO 46520 ya publicó la denuncia de CGT sobre la presencia de seguridad privada durante la huelga. Si hay vigilantes contratados en una empresa pública en pleno conflicto laboral, el Ayuntamiento debe explicar quién los contrató, con qué coste, durante cuánto tiempo y con qué funciones. No basta con dejar que el asunto se pudra entre versiones cruzadas.
La dirección de la SAG sostiene que la negociación sigue abierta y que cualquier acuerdo debe encajar en las posibilidades presupuestarias y en la sostenibilidad económica de la empresa. CGT y CCOO, por su parte, denuncian servicios mínimos desproporcionados y reclaman que se respete a los huelguistas como interlocutores reales del conflicto.
Ahí está una de las claves. La ciudadanía tiene derecho a calles limpias, pero también a saber por qué una empresa pública llega a una huelga indefinida en uno de los momentos más sensibles del año. Fiestas, verano, playas, actos públicos y más basura no eran una sorpresa. Eran el calendario.
El Ayuntamiento no puede cargar la responsabilidad sobre los trabajadores. La huelga es un derecho fundamental. La responsabilidad política está en quienes dirigen la empresa pública, organizan los servicios municipales, fijan la estrategia negociadora y deben anticiparse a un conflicto antes de que los contenedores se conviertan en el escaparate de la mala gestión.
Además, la información oficial sobre los ecoparques añade confusión. La web de la SAG mantiene simultáneamente dos mensajes incompatibles: por un lado, el aviso específico de huelga señala que solo funcionará un ecoparque móvil —lunes en la avenida de Les Salines y martes en La Pinada—; por otro, la página general de ubicaciones conserva el calendario ordinario con servicios esta semana en distintos puntos, incluido El Puerto.
Esa contradicción no es menor ya que puede provocar desplazamientos inútiles de vecinos. En plena huelga, con servicios mínimos y con una tasa de basura cada vez más discutida, la información pública debería ser clara, única y actualizada.
Los vacíos siguen encima de la mesa: resolución íntegra de los servicios mínimos, propuestas intercambiadas en la negociación, actas de reuniones, expediente y coste de la seguridad privada denunciada, informes de salubridad, calendario único de ecoparques y balance de residuos recogidos durante la huelga.
La basura acumulada es el síntoma visible. El problema de fondo es otro: una empresa pública esencial, un conflicto enquistado y un Ayuntamiento que llega tarde a una crisis anunciada.
