«El basurazo» roza el atraco: pagar más por reciclar y trabajar gratis para el sistemaUtilizar correctamente los contenedores no conlleva pagar menos: el vecino sigue teniendo que perder tiempo, reciclar, desplazarse al ecoparque y "trabajar gratis" para el sistema si quiere una mínimo ahorro a futuro

Nota de la redacción: Publicamos ahora este análisis sobre el basurazo porque el conflicto abierto en la SAG ha vuelto a poner en primer plano el coste real del servicio de limpieza y residuos. La huelga, los ecoparques, los servicios mínimos y la gestión de la empresa pública obligan a mirar más allá del recibo.

El problema no es solo cuánto se paga, sino qué recibe el vecino a cambio.

Y, sobre todo, si el Ayuntamiento puede vender como incentivo verde un sistema en el que usar correctamente los contenedores no conlleva una rebaja en lo que se paga.

El Ayuntamiento de Sagunto presentó su tasa de residuos como un sistema de corresponsabilidad: quien más recicla, menos paga. La frase queda limpia, redonda y hasta ecológica. El problema empieza cuando uno baja del cartel institucional a la vida real.

Porque el vecino que separa envases, papel, vidrio y orgánica, que baja la basura al contenedor correcto, que no deja muebles tirados en la acera y que intenta comportarse con civismo, puede encontrarse con una sorpresa: ese esfuerzo cotidiano no implica por sí solo una reducción directa de la tasa. Para acceder a la bonificación principal hay que acumular “puntos verdes” mediante aportaciones en la red de ecoparques fijos o móviles.

La ordenanza fiscal establece una cuota de 111 euros anuales para vivienda y prevé reducciones por uso de ecoparques: 20 puntos verdes dan derecho a un 5%; 40 puntos, a un 10%; 60, a un 15%; 80, a un 20%; 100, a un 25%; y 120, a un 30%. A eso se puede sumar un 5% por recogida domiciliaria de enseres y otro 5% por aceite doméstico usado, hasta llegar al 40% anunciado por el Ayuntamiento.

Traducido a euros: sobre una vivienda de 111 euros, el descuento del 5% son 5,55 euros al año. El 10%, 11,10 euros. El 30%, 33,30 euros. Y el máximo del 40%, 44,40 euros.

Ahí empieza la trampa práctica. Para obtener esos descuentos no basta con reciclar bien en los contenedores de la calle. Hay que desplazarse al ecoparque o pillar el ecoparque móvil cuando toque, donde toque y dentro del horario marcado. Es decir: el sistema no premia de forma directa el reciclaje ordinario del vecino en su barrio, sino la capacidad de convertir al ciudadano en un pequeño gestor logístico de sus residuos.

Y eso tiene coste.

Un ejemplo conservador: si una familia tiene que hacer un desplazamiento específico en coche hasta un punto de ecoparque, aunque sean 6 u 8 kilómetros entre ida y vuelta, con un consumo medio moderado y un carburante en torno a 1,60 euros el litro, cada viaje puede rondar un euro solo en combustible. Si para rascar puntos verdes hay que repetir la operación varias veces al año, la rebaja empieza a menguar antes incluso de llegar al recibo.

Y si se computa el coste real del desplazamiento —combustible, tiempo, desgaste del vehículo, dificultad para mayores, turnos laborales, familias sin coche, calor, horarios y disponibilidad— el supuesto premio verde se convierte en una carrera de obstáculos.

El ecoparque fijo está en la calle Benjamín Franklin, 16A de Sagunto. Además, la SAG publica ubicaciones del ecoparque móvil en distintos puntos, entre ellos varias paradas en El Puerto, pero no de forma permanente en cada barrio ni todos los días. Durante la huelga de la limpieza, la propia SAG ha reconocido una reducción del servicio: el ecoparque fijo queda limitado a miércoles y sábados de 7:00 a 14:00, y solo permanece operativo uno de los dos ecoparques móviles.

La pregunta es evidente: ¿qué ocurre con quien recicla bien, pero no puede organizar su vida alrededor del ecoparque?

La tasa se vende como incentivo ambiental, pero en la práctica puede terminar castigando más a quien menos margen tiene: mayores, personas sin vehículo, trabajadores con horarios partidos, familias con hijos, vecinos que viven lejos del punto móvil de turno o ciudadanos que ya separan residuos, pero no generan suficientes kilos “bonificables” para acumular puntos verdes.

El sistema tiene otro problema de fondo. La ciudadanía no solo paga una tasa. Paga también el coste de una estructura pública de gestión de residuos. Según el PAIF 2026 de la SAG, el coste total de los servicios a prestar por la empresa pública asciende a 21.043.276,72 euros, un 16,29% más que en 2025. Dentro de esa cifra, la recogida de residuos sólidos urbanos aparece con 4.508.322,20 euros, la transferencia de RSU con 471.705,59 euros, el ecoparque fijo con 445.502,18 euros y el ecoparque móvil con 150.537,69 euros.

Es decir: el vecino paga una tasa creciente, paga una empresa pública cara, paga unos servicios cuya organización depende de la SAG y, además, si quiere rebajar el recibo, debe aportar tiempo, desplazamiento y residuos trazables al sistema.

La cosa tiene su ironía. Primero se sube la tasa. Luego se anuncia que se puede rebajar reciclando. Después se descubre que reciclar en los contenedores no basta. Y finalmente se exige pasar por una especie de examen de civismo con tarjeta, kilos, puntos verdes y desplazamientos.

El Ayuntamiento ya reconoció la preocupación por el impacto de la tasa. En junio de 2025 aprobó revisar el sistema para 2026 y en aquella comunicación se recordaba que la tasa de una vivienda había pasado de 52 euros en 2024 a 111 euros en 2025, un incremento del 114%, según el texto de la moción citada por el propio consistorio. También se señalaba que los costes imputables a RSU y orgánica en el PAIF eran de 4,46 millones y que la transferencia de RSU había incrementado sus costes.

Ese es el corazón del problema: el basurazo no se corrige con propaganda verde si la bonificación depende de que el vecino haga de transportista de residuos.

Un sistema justo debería premiar de verdad la separación cotidiana, facilitar puntos estables en El Puerto y Sagunto, hacer accesible el ecoparque móvil con horarios útiles, informar con claridad y permitir que el civismo normal —el de separar bien y usar correctamente los contenedores— tenga reflejo en la tasa.

Porque una cosa es fomentar el reciclaje y otra muy distinta es convertir el descuento en una gymkana administrativa con olor a cubo amarillo.

La pregunta que debería responder el Ayuntamiento de Sagunto es sencilla: ¿cuánto ahorro real obtiene una familia después de descontar los desplazamientos, el tiempo y las molestias necesarias para acumular puntos verdes?

Si la respuesta es “poco”, entonces no estamos ante un premio ambiental. Estamos ante un recibo más caro maquillado con una bonificación difícil de alcanzar.