CGT acusa a la SAG de contratar seguridad privada para intimidar a la plantilla en huelgaEl sindicato denuncia servicios mínimos abusivos y sostiene que la empresa pública pretende “amedrentar” a los trabajadores mientras la huelga de limpieza urbana ya reduce servicios como los ecoparques.

La huelga de limpieza urbana de la SAG sube de tono. CGT acusa a la empresa pública de contratar seguridad privada durante el conflicto y lo interpreta como un intento de intimidar a la plantilla que secunda el paro indefinido iniciado este 15 de julio.

¿Seguridad privada contratada por una empresa pública municipal en plena huelga de limpieza urbana?

Según el sindicato, la empresa “pretende amedrentar a la plantilla para que no secunde la huelga” y ha anunciado la contratación de una empresa de seguridad privada “como si los trabajadores y trabajadoras fueran delincuentes”. CGT también denuncia que se han impuesto servicios mínimos abusivos y afirma que está pendiente de la respuesta de la autoridad laboral ante la queja presentada.

El sindicato añade otro elemento delicado: acusa a la SAG de pedir con antelación que se identificará a quíenes secundaran la huelga y quién acudirá a trabajar. CGT considera esa práctica un intento de coacción y una vulneración de derechos fundamentales, al sostener que no existe obligación legal de comunicar previamente a la empresa si se va a ejercer o no el derecho de huelga.

La empresa, por su parte, sí ha reconocido ya efectos directos de la huelga en el servicio. La SAG ha comunicado que la huelga indefinida obliga a reorganizar la red de ecoparques mediante la aplicación de servicios mínimos. El ecoparque fijo de la calle Benjamín Franklin funcionará con horario reducido, de 7:00 a 14:00 horas, miércoles y sábados, y solo permanecerá operativo uno de los dos ecoparques móviles.

Ese ecoparque móvil prestará servicio los lunes en la avenida Les Salines y los martes en el Complejo La Pinada. La dirección de la SAG afirma que esta reorganización busca garantizar los servicios esenciales con los recursos disponibles mientras dure la huelga y sostiene que la negociación continúa abierta.

El comunicado de la empresa, sin embargo, no entra en la denuncia sindical sobre la contratación de seguridad privada ni en la acusación de intimidación a la plantilla. Tampoco aclara, al menos en la información pública revisada, si existe un dispositivo especial vinculado a la huelga, qué funciones tendría o qué coste supondría para una empresa pública sostenida con dinero municipal.

El conflicto ya no se limita al convenio colectivo. La plantilla reclama actualizar unas condiciones que, según CGT, no se revisan desde 2012, después de más de un año de negociación. La huelga fue respaldada por 104 votos favorables de 185 trabajadores participantes, y el sindicato mantiene además su denuncia sobre una progresiva privatización del servicio con empresas externas, extremo que debe seguir contrastándose contrato por contrato.

Para la población el problema no es abstracto. La limpieza urbana afecta a contenedores, calles, playas, ecoparques y vida diaria. Si la huelga se alarga, el impacto no se medirá en comunicados, sino en servicios reducidos, residuos acumulados y presión vecinal.

La pregunta que queda encima de la mesa es sencilla: si la SAG tiene recursos para contratar seguridad privada durante una huelga, debe explicar públicamente para qué, con qué coste y bajo qué criterios; y si no existe tal contratación, debe desmentirlo con la misma claridad.

Por ahora, el dato confirmado es doble: CGT acusa a la SAG de intentar intimidar a la plantilla en huelga y la empresa ya ha reconocido reducciones temporales en los ecoparques por la aplicación de servicios mínimos.