El ruido y el desmadre como problemas de salud pública: las fiestas de Sagunto y Puerto pasan factura a los vecinosLas mediciones superan ampliamente los límites acústicos mientras las condenas judiciales, las quejas vecinales y los requerimientos institucionales no frenan la permisividad municipal
La convivencia entre “tradición” y derecho al descanso se ha convertido en una batalla constante para miles de vecinos de Sagunto y Puerto. Lo que comenzó (hace ya muchos años) como molestias puntuales durante las fallas o las fiestas patronales se ha cronificado hasta transformarse en un problema sistémico que, lejos de encontrar solución, se agrava con cada nuevo evento que programa el Ayuntamiento.
Un calendario festivo que no da tregua
Algunos vecinos de la ciudad llevan años denunciando que el consistorio ha convertido la proliferación de actos festivos en una seña de identidad, pero a costa del descanso y la calidad de vida de la ciudadanía. Fallas, fiestas patronales y otros eventos de más reciente factura como el «Mig Any faller” , modalidad de dudosa coherencia a la que se han ido sumando peñas taurinas y Moros y cristianos para “deleite” de una ciudadanía ya muy castigada por este tipo de eventos.
El marco legal: una normativa que se incumple sistemáticamente
El Ayuntamiento de Sagunto cuenta con una ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones que data de 1986, además de estar sujeto a la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana de Protección Contra la Contaminación Acústica. La normativa establece límites claros: en zona residencial, el máximo permitido en horario diurno es de 45 decibelios y, en periodo nocturno, los niveles no deberían superar los 35 dB(A).
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Mediciones realizadas durante las fiestas registran valores entre 59 y 63 decibelios, muy por encima del límite legal de 45.
Por poner un ejemplo, la avenida Hispanidad de Puerto de Sagunto alcanza los 70 decibelios, superando los límites recomendados en hasta 15 decibelios. Son cifras que no solo incomodan, sino que afectan gravemente a la salud. Estas mediciones, además, se disparan sistemáticamente llegando incluso a superar los 100 decibelios en actos casi aleatorios de algunas entidades que abarcan hasta altas horas de la madrugada.
El Ayuntamiento, cómplice necesario
La gravedad del problema no radica solo en los excesos puntuales, sino en la actitud de un consistorio que, lejos de poner freno a esta situación, la alienta. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya afeó al Ayuntamiento de Sagunto su «convicción -errónea- de que durante las fiestas existe una especie de ‘barra libre’ donde se pueden autorizar todo tipo de actividades sin control de horarios o decibelios».
Esta dejación de funciones tiene consecuencias económicas para las arcas municipales. El Ayuntamiento ha sido condenado en múltiples ocasiones por contaminación acústica: a pagar 19.000 euros a unos vecinos de El Puerto por los ruidos de un pub clandestino, a indemnizar con 6.000 euros a una familia por una terraza ilegal, y recientemente a pagar una indemnización a un afectado por el ruido de las fiestas patronales. El juzgado consideró probado que el demandante y su familia sufrieron daños morales como consecuencia de la contaminación acústica.
A esto se suma el hecho de que El Síndic de Greuges ya recomendó al Ayuntamiento de Sagunto tomar medidas para reducir «realmente» el ruido en un casal que generaba quejas vecinales. Además, el consistorio fue reprendido por no atender un requerimiento sobre «las molestias» en torno a otro casal fallero.
A pesar de todo esto, la realidad es que cada vez existe más permisividad para con este tipo de actos, acorralando y dinamitando en ocasiones la convivencia ciudadana.
Un problema de salud pública
La exposición prolongada a niveles elevados de ruido no es una mera molestia: es un problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso López Ostra contra España, ya estableció que la exposición prolongada a determinados niveles de ruido en el ámbito domiciliario puede calificarse objetivamente como evitable e insoportable. Los vecinos afectados lo describen como «muchos días de auténtico calvario programado».
Y el suplicio no termina con el ruido: allá donde se celebran estos actos, el “después” deja una estampa degradante de orines y todo tipo de residuos, convirtiendo el espacio público en un foco insalubre que agrava aún más la degradación del entorno y la calidad de vida.
No es una exageración: cuando una orquesta o discomóvil se prolonga hasta las 4:30 de la madrugada, no se está vulnerando solo el derecho al descanso, sino la salud física y mental de decenas de familias que deben madrugar para ir a trabajar o necesitan hacerlo después de una larga jornada.
La hipocresía del control selectivo
Resulta especialmente llamativo que, mientras el Ayuntamiento permite que las fiestas se prolonguen hasta la madrugada sin ningún tipo de control efectivo, haya destinado 18.143,95 euros a dotar a la Policía Local de sonómetros de precisión para multar a motos y ciclomotores que superen los límites de ruido. Las multas por este concepto pueden alcanzar los 6.000 euros. Una política a proiri necesaria y bien recibida por la mayor parte de la ciudadanía de a pie mientras se mira hacia otro lado cuando el ruido procede de eventos organizados o tolerados por el propio consistorio.
La excepción no puede convertirse en norma
Nadie cuestiona la importancia de las tradiciones falleras o la necesidad de espacios de ocio y cultura.
Pero la «tradición» no puede ser una excusa para vulnerar derechos fundamentales. A todo esto se suma un agravante logístico que ya es un mal endémico en la ciudad: los continuos cortes de tráfico para eventos de escasa relevancia, que desquician la movilidad en un municipio donde el tráfico rodado ya es un problema crónico.
El Ayuntamiento debe entender que la fiesta no puede vivirse a costa del descanso de los vecinos. Es necesario establecer límites horarios claros y hacerlos cumplir, reubicar los eventos en zonas que no afecten a núcleos residenciales y, sobre todo, dejar de multiplicar eventos «inventados» que solo sirven para saturar aún más el calendario y la paciencia de los ciudadanos.
Mientras el consistorio no asuma su responsabilidad y siga priorizando “la foto” sobre el bienestar de los vecinos, los tribunales seguirán condenando al Ayuntamiento y la convivencia en Sagunto y Puerto de Sagunto seguirá deteriorándose.
Por mucho que el bullicio festero pueda hacer creer lo contrario, el conjunto de estas personas, por numerosos que sean en según qué fechas, siguen siendo una inmensa minoría frente al conjunto de la población. Favorecer a este colectivo en detrimento del descanso, la salud y la movilidad del resto de ciudadanos no es solo una mala gestión: es una decisión que, en una democracia, resulta cuando menos cuestionable y profundamente injusta para quienes, día tras día, sostienen esta ciudad. La fiesta no puede ser eterna. El descanso, tampoco puede esperar.
