La playa de El Puerto: referente nacional que arrastra deudas con sus socorristas y puntos negros sin resolverLa externalización del servicio agravó durante años la precariedad laboral, al tiempo que aumentaba el número de ahogamientos

Hoy, 25 de julio, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, también conocido como el Día Global de la Seguridad Acuática y el Salvamento. La fecha fue oficializada en 2021 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un objetivo claro: visibilizar el impacto de las muertes por sumersión, consideradas un problema de salud pública mundial, y concienciar sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Coincidiendo con esta jornada, colectivos profesionales, sindicatos de socorristas y técnicos en salvamento han convocado concentraciones y protestas en distintos puntos de España, especialmente en las grandes zonas costeras del litoral mediterráneo.

Sus reivindicaciones no son nuevas, pero siguen plenamente vigentes:
Una mayor inversión pública en educación acuática preventiva y un cambio profundo en el modelo de gestión del salvamento.
La dignificación de la profesión, poniendo fin a la precariedad laboral, la inestabilidad contractual y la brecha salarial que están provocando una preocupante fuga de profesionales.
La ampliación de los periodos de vigilancia en playas, junto con mejoras en infraestructuras y equipamientos.

Con motivo de esta efeméride, resulta necesario reflexionar, aunque sea brevemente, sobre la situación de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, sobre la playa del El Puerto, sus socorristas y la gestión municipal de la seguridad acuática.

Los datos obligan a reflexionar

La Comunidad Valenciana contabilizó 15 fallecidos por ahogamiento no intencional durante el primer semestre de 2026, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. De ellos, ocho perdieron la vida únicamente durante el mes de junio.

No es un dato aislado. Junio de 2026 fue el peor mes de junio de toda la serie histórica, iniciada en 2015, con 92 fallecidos en España y un total acumulado de 217 víctimas mortales en lo que va de año.

Las playas continúan siendo el principal escenario de estas tragedias. Los números hablan por sí solos. Lo preocupante es que quienes tienen la obligación de escucharlos parecen haber desarrollado una notable sordera institucional.

Una legislación que sigue nadando en el vacío

Pese a esta realidad, la Consejería competente en materia de Justicia, Interior y Administración Pública continúa sin legislar de manera adecuada sobre la seguridad en las playas.

El Decreto 67/2020, de 12 de junio, destinado a regular la seguridad humana, la coordinación de las emergencias ordinarias y la protección civil en playas, continúa siendo una norma que nada en el vacío: abundante en buenas intenciones, pero escasa en contenido efectivo.

La inspección de las instalaciones acuáticas es prácticamente inexistente y sigue sin definirse una regulación clara sobre la formación mínima que deben acreditar los socorristas acuáticos.

El resultado es evidente: una situación de desigualdad e indefensión para los usuarios, derivada de la disparidad de criterios entre municipios. En materia de seguridad, el código postal no debería marcar la diferencia.

La playa de El Puerto: un referente que no puede conformarse

La playa del El Puerto, uno de los arenales más concurridos del litoral valenciano, concentra históricamente sus incidencias más relevantes —rescates y ahogamientos— en zonas especialmente vulnerables, como los espigones, especialmente el de Ciudamar, así como durante las horas sin cobertura de vigilancia.

Las fuertes corrientes de retorno, favorecidas tanto por el estado de la mar como por la singular configuración de sus casi 1.300 metros de playa y su característica concavidad, explican buena parte de este comportamiento.

Frente a este riesgo, la implantación de balizamientos específicos, cartelería de prohibición de baño, información preventiva y medidas pioneras, como la integración de drones de rescate dentro de un modelo de gestión pública y directa del servicio de salvamento, han situado a esta playa como un referente nacional en la gestión de playas públicas.

Pero que la playa de El Puerto sea gestionada directamente por el Ayuntamiento, con socorristas que han accedido mediante procesos selectivos exigentes basados en el mérito y la capacidad, no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de muchos años de trabajo de sindicatos, técnicos en salvamento, responsables políticos y ciudadanía.

Lo que hoy constituye un motivo de orgullo fue, en su momento, una necesidad. La externalización del servicio agravó durante años la precariedad laboral, al tiempo que aumentaba el número de ahogamientos. Y, aunque estos responden a múltiples factores y nunca podrán eliminarse por completo, la gestión directa ha contribuido de manera decisiva a reducir las estadísticas y mejorar la respuesta ante las emergencias.

El peligro de creer que todo está hecho

Que la experiencia de nuestro pueblo sea citada de forma positiva en congresos y foros nacionales sobre prevención de ahogamientos es motivo de satisfacción. Pero sería un grave error interpretar ese reconocimiento como el final del camino.

Todavía existen carencias importantes y, mientras nosotros celebramos los éxitos del pasado, municipios cercanos, incluso con menos recursos, siguen avanzando y demostrando que siempre es posible mejorar, adelantándonos por la izquierda. Ahí está el ejemplo de Canet, sin ir más lejos.

En el municipio vecino, la plantilla de socorristas no es temporal, sino que tiene la consideración de personal fijo discontinuo. Aquí, por el contrario, los socorristas siguen dependiendo de continuas bolsas de empleo temporal, convocadas no siempre en el tiempo y la forma deseables.

Ha llegado el momento de plantear una estructura más estable y la merecida continuidad de los profesionales del salvamento en playas, comenzando por coordinadores y patrones. Ello garantizaría planificación, experiencia acumulada y una gestión más profesional del servicio.

Del mismo modo, resulta insuficiente que estos profesionales trabajen solo durante el verano y la Semana Santa. Un periodo mínimo de seis meses permitiría desarrollar tareas imprescindibles como el mantenimiento de embarcaciones y vehículos, la evaluación de resultados, la elaboración de campañas de prevención, la planificación de mejoras o la preparación de futuras temporadas, reduciendo además costes derivados de la externalización de estos trabajos.

Las necesidades existen. La capacidad profesional también. Lo único que falta es voluntad política.

Los derechos no pueden esperar

Existe además otra cuestión especialmente difícil de justificar.

A día de hoy, parte de la plantilla continúa sin haber percibido la compensación correspondiente por las vacaciones no disfrutadas del verano pasado. Vamos camino de cumplir un año de silencio administrativo. Las fotografías institucionales, los reconocimientos públicos y las declaraciones de apoyo siempre quedan bien.

Pero los derechos laborales no pueden quedarse en un posado para la prensa. Los compromisos no se demuestran con discursos, sino cumpliéndolos.

Y en esto no hay excusas.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta
Más allá de la necesaria responsabilidad de las administraciones, la prevención continúa siendo el recurso más eficaz para salvar vidas.

Por ello, conviene recordar algo tan sencillo como fundamental: bañarse siempre en zonas vigiladas, respetar las indicaciones de los socorristas, extremar la vigilancia sobre los menores y enseñarles, desde edades tempranas, nociones básicas de natación y seguridad acuática.

Porque la mejor intervención seguirá siendo siempre aquella que nunca llegue a ser necesaria.