¿Intereses detrás del Festival cancelado en el Puerto?Un alto cargo de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia intentó desbloquear el festival Blackworks tras venderse 8.000 entradas sin permisos
El caso Blackworks ya no se limita a un festival cancelado en El Puerto por falta de permisos. La nueva información conocida este jueves publicada por Levante-EMV, añade una pieza política al expediente: un alto cargo de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se dirigió al Ayuntamiento de Sagunto para intentar desbloquear el evento el mismo día en que la Policía Local paralizó el montaje.
Según la información publicada, José Francisco Pérez Rodríguez, identificado por el diario como director de gabinete de la consellera Elena Albalat, remitió el martes al consistorio “la documentación correspondiente y los permisos requeridos” para la celebración del festival. Ese envío se produjo después de que el propio periódico revelara que Blackworks había iniciado el montaje y vendido más de 8.000 entradas pese a carecer de los permisos necesarios.
El dato es relevante porque el festival no estaba pendiente solo de un trámite menor. La Policía Local paralizó los trabajos porque al Ayuntamiento no le constaba la autorización de la Generalitat para ocupar los terrenos, que son de titularidad autonómica, y porque tampoco se había solicitado la licencia municipal necesaria para celebrar el evento.
La promotora, La Productiva Eventos, S. L., había pedido el 29 de abril autorización para celebrar Blackworks y ocupar temporalmente la explanada de La Nau de Talleres. La Conselleria de Cultura comunicó el 4 de mayo que no podía autorizar esa ocupación, por lo que la petición quedó denegada.
Es decir: cuando el montaje se puso en marcha en julio, la autorización autonómica para utilizar el espacio llevaba más de dos meses denegada.
La conselleria que aparecía en el cartel
La intervención del gabinete de Servicios Sociales obliga a volver sobre una de las preguntas centrales del caso: ¿qué hacía la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia en la promoción del festival?
El cartel difundido por la organización situaba a la Generalitat Valenciana y a esa conselleria bajo la fórmula “Promovido por”. No se trataba de una mención neutra ni de un logotipo perdido entre patrocinadores. La expresión empleada atribuye a ese departamento un papel de impulso o promoción del evento.
Hasta ahora no consta públicamente una resolución de subvención, un convenio, un contrato, una ayuda nominativa o una comunicación institucional que explique esa presencia. Tampoco consta qué documentos remitió el director de gabinete al Ayuntamiento, qué valor administrativo tenían, si pretendían suplir la autorización denegada por Cultura o si se trataba simplemente de documentación de apoyo.
La cuestión no es menor. Si Servicios Sociales, Familia e Infancia no promovía el festival, debe explicar por qué su imagen aparecía en el cartel y por qué un alto cargo de la conselleria intervino ante el Ayuntamiento cuando el montaje ya estaba en marcha. Si sí existía algún tipo de participación, debe aclarar en qué consistía, con qué expediente, con qué importe, con qué autorización y bajo qué control.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ya había reclamado que se aclarase la participación de la Conselleria , precisamente porque su imagen aparecía en el cartel del festival. También exigió la devolución de entradas, bonos, suplementos y pulseras prepago si el evento no podía celebrarse.
Cultura denegó el espacio, pero otro departamento intentó mover papeles
La contradicción administrativa es el corazón del asunto.
Por un lado, Cultura denegó en mayo la ocupación temporal de la explanada junto a La Nau. Por otro, la publicidad del festival presentaba a Servicios Sociales, Familia e Infancia como entidad promotora. Y, cuando el caso estalló, un director de gabinete de esa misma conselleria remitió documentación al Ayuntamiento para intentar desbloquear la situación.
Eso no prueba por sí solo una irregularidad penal ni permite afirmar que la conselleria financiara el festival. Pero sí muestra un desorden institucional evidente: un departamento de la Generalitat había denegado el uso del espacio patrimonial, mientras otro aparecía vinculado a la promoción del evento y movía documentación cuando el festival ya tenía miles de entradas vendidas.
El Ayuntamiento, por su parte, había advertido desde marzo de que la parcela se encuentra en el ámbito de protección del Horno Alto n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural, y de que La Nau de Talleres Generales tiene la condición de Bien de Relevancia Local. También comunicó que tanto la parcela como La Nau son bienes de titularidad autonómica, por lo que el consistorio no podía autorizar por sí solo el uso temporal del espacio.
Eso no eximía a la promotora de solicitar la licencia municipal de actividad. Al contrario: para celebrar el festival hacían falta las dos cosas, la autorización autonómica para ocupar el espacio y la licencia municipal para desarrollar la actividad. Según las fuentes municipales citadas por Europa Press, ninguna de esas dos garantías constaba cuando se paralizó el montaje.
La cancelación se atribuyó al calor
Blackworks comunicó finalmente la cancelación del festival, previsto para los días 11 y 12 de julio, alegando las temperaturas extremas y las alertas de riesgo alto para la salud durante los días de montaje. La organización sostuvo que ese parón le dejaba sin tiempo suficiente para completar los trabajos con sus estándares de calidad.
La explicación oficial de la promotora no menciona como causa principal la falta de permisos. Pero el calendario es difícil de separar: el montaje fue paralizado por la Policía Local por carecer de autorización y licencia; al día siguiente, el festival anunció su cancelación por calor.
La web oficial asegura que todos los compradores recibirán el reembolso completo de las entradas. En la versión en español habla de siete días hábiles, mientras que en la versión en inglés menciona 14 días hábiles. Esa diferencia también debería aclararse para evitar más incertidumbre entre los afectados.
¿Quién hay detrás de Blackworks?
La marca Blackworks está vinculada a BW Music S. L. y a Daniel Novoa; el expediente de El Puerto lo tramitó La Productiva Eventos S. L.; y la Conselleria de Servicios Sociales aparece en el cartel como promotora sin que conste públicamente aún qué expediente, convenio, subvención o autorización explica esa presencia.
Daniel Novoa aparece vinculado empresarialmente a BW Music S. L., sociedad responsable de la web de Blackworks, con domicilio en Madrid. La propia web de Blackworks identifica a BW Music S. L. como responsable legal del sitio. Resident Advisor presenta a Dexphase como fundador y DJ residente de Blackworks, con nombre real Dani Novoa.
Por su parte Alejandro Sánchez Escribano figura como socio único y administrador único de La Productiva Eventos S. L. desde 2020. La empresa se presenta como productora de eventos musicales, corporativos, gastronómicos y para marcas e instituciones, y en su web aparece una referencia al Plan de Recuperación financiado por la UE/NextGenerationEU.
Sí constan relaciones ordinarias con el sector público: por ejemplo, una ayuda municipal del Ayuntamiento de València en 2021 y un contrato menor de 12.080 euros en 2020 para apoyo en Navidad y Reyes.
Preguntas sin respuesta
El caso deja varias preguntas abiertas que ya no pueden despacharse con una explicación genérica sobre el calor.
¿Qué documentación remitió exactamente el director de gabinete de Servicios Sociales al Ayuntamiento? ¿Existía algún permiso válido de esa conselleria? ¿Tenía ese departamento competencia sobre el uso de la explanada? ¿Autorizó la conselleria el uso de su logotipo en el cartel? ¿Hubo subvención, patrocinio, convenio o apoyo institucional? ¿Conocía Servicios Sociales, Familia e Infancia que Cultura había denegado el permiso desde el 4 de mayo?
También debe aclararse por qué el festival siguió publicitándose y vendiendo entradas para un espacio patrimonial de El Puerto pese a que la autorización autonómica de ocupación había sido denegada y no constaba la licencia municipal de actividad.
Blackworks no era una cita menor. La organización había vendido más de 8.000 entradas y pretendía ocupar durante dos días una explanada junto a elementos centrales del patrimonio industrial de El Puerto. La cancelación afecta a miles de asistentes, a trabajadores del montaje, a proveedores y a la imagen pública de un espacio histórico que no puede tratarse como un solar disponible sin expediente claro.
El dato nuevo cambia el alcance político de la historia: una conselleria que aparecía como promotora en el cartel intervino ante el Ayuntamiento cuando el festival ya estaba contra las cuerdas por falta de permisos.
Ahora la Generalitat debe explicar si aquello fue una promoción real, un uso indebido de imagen institucional o una gestión improvisada para salvar un evento que nunca llegó a tener las autorizaciones necesarias.
